Este lunes, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 697/24 que reglamenta la primera parte de la Ley Bases, sancionada hace un mes por el Congreso. De esta manera, el Ejecutivo nacional estableció la normativa vinculada al Título II de la Ley, que contempla modificaciones en el sistema de empleo público, cambios en los procesos administrativos y la privatización de determinadas empresas públicas.
El texto publicado lleva la firma de Guillermo Francos, Luis Caputo y Federico Sturzenegger; este último a través del Ministerio de Desregulación será quien funcione como autoridad para controlar y ejecutar las reformas vinculadas al empleo público.
Entre las medidas reglamentadas, la administración de Milei formalizó la creación de un registro de personal en situación de disponibilidad, en tanto que se detalló cómo funcionará el mismo. En este marco, se confirmó que quienes queden dentro del registro, podrán ser despedidos luego de un periodo de entre 6 y 12 meses, dependiendo de la antigüedad. En tanto, los cesantes podrán ser incluidos o convocados para otras áreas y/u otras actividades «de capacitación y reconversión laboral».
Otro de los puntos principales del decreto establece que, a partir de ahora, para trabajar en la administración pública se deberá aprobar una Evaluación General “de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”.
Sobre las modificaciones en los procesos administrativos “a fin de agilizar los tiempos de la gestión”, quedó fijado que “Los trámites en el marco de recursos, reclamos y demás impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el presente reglamento son gratuitos, con exclusión de aquellos en los que, por normativa específica, se exija el pago de una tasa o suma de dinero por el desarrollo y organización de esa actividad estatal específica y concreta”. Además, en ese apartado se establece el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, que especifica los procesos de los trámites del Estado; en este sentido, otorga a los adolescentes “la plena capacidad de intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte autorizada”. Además, los medios electrónicos pasan a ser una forma de notificación formal válida.
En cuanto a las privatizaciones, el Gobierno instrumentó el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las firmas Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético, a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
