Empleados del municipio de Florencio Varela se encuentran envueltos en un escándalo después de que se descubriera un presunto robo millonario en el sector de cobranzas dentro de la Dirección de Tránsito, que terminó con la detención de once personas imputadas por asociación ilícita y administración fraudulenta.
Según la investigación judicial, durante meses se llevó a cabo un esquema de corrupción que habría ocasionado pérdidas que rondan los 16 millones de pesos. Este fraude consistía en el desvío de pagos en efectivo realizados por los ciudadanos para tramitar sus licencias de conducir y otros permisos, los cuales nunca llegaban a las arcas municipales.
“Cada uno de los imputados tenía un rol y había complicidad dentro de la organización”, explicó a TN el fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1 de Florencio Varela que lleva adelante la causa. También mencionó que existe “una cadena de responsabilidades” y que se sospecha que el mismo mecanismo podría haberse replicado en otras áreas del gobierno local.
La causa se inició en marzo, después de una serie de inspecciones realizadas en la Secretaría de Hacienda que advirtió irregularidades. A partir de eso, la administración liderada por el intendente Andrés Watson presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.
La rebuscada maniobra, según el fiscal, consistía en utilizar los recibos duplicados de transacciones legítimas realizadas de manera virtual para simular pagos en efectivo, y así desviar el dinero.
Entonces, cuando un contribuyente pagaba un trámite con tarjeta de débito, el sistema generaba dos tickets: uno de estos recibos se entregaba al contribuyente como comprobante de pago, mientras que el otro duplicado quedaba en posesión de los empleados.
Luego, cuando otro contribuyente llegaba a realizar un pago en efectivo, los empleados utilizaban este recibo duplicado, para simular un nuevo pago en efectivo. De esta manera, el dinero en mano recibido del segundo contribuyente no se registraba en las arcas municipales.
Como resultado de la investigación, esta semana fueron detenidos once empleados, entre ellos el tesorero municipal, la subtesorera, la directora ejecutiva de Recaudación Municipal, jefes de Caja y varios cajeros, todos acusados de formar parte de una asociación ilícita y de cometer defraudación al Estado.
De ese grupo de personas, dos mujeres fueron beneficiadas con el arresto domiciliario por estar embarazadas. Incluso, una de ellas tenía fecha de parto para esta semana. Sin embargo, esto no las exime de la responsabilidad y seguirán imputadas. El resto de los acusados están alojados en la Comisaría Primera.
Todos los imputados fueron indagados en sede judicial. Algunos prometieron colaborar con la Justicia, pero ninguno asumió su responsabilidad en el hecho ni se autoincriminó. La fiscalía deberá ahora evaluar los riesgos procesales para pedir las prisiones preventivas. Para eso tiene 30 días. Mientras tanto, seguirá analizando la prueba recolectada.
Durante un operativo en la Dirección de Tránsito avalado por el Juzgado de Garantías Nº8, a cargo de Adrián Villagra, se secuestraron legajos, boletas, tickets de cobro y dinero en efectivo (alrededor de 160 mil pesos). “Los billetes estaban guardados en un neceser al costado de una de las cajas de cobranza”, contó el fiscal. Su sospecha es que esa plata es parte de la recaudación ilegal correspondiente a un solo turno, y de una sola caja.
Según se desprende del expediente, el desvío de fondos asciende a los 16 millones de pesos y no se sabe desde cuándo comenzó. “No hay una pericia que pueda determinar desde cuando se realizan estas maniobras. Nosotros comenzamos a investigar a partir del 1° de enero, pero podría ser de años”, explicó Provisionato.
El fiscal también reveló que este supuesto fraude se pudo llevar a cabo porque el sistema que utilizan en el municipio para el cobro de las licencias es “precario e informal”, y aseguró que “presenta falencias”.
Por su parte, el funcionario adelantó que están tras los pasos de otros dos funcionarios que habrían tenido participación en el hecho, pero de los cuales esperan análisis periciales para determinar su autoría y pedir la detención.
El municipio sumarió a los empleados denunciados y se puso a disposición de la Justicia
Desde el municipio de Florencio Varela explicaron a TN que ya se presentaron como parte damnificada en la causa y se comprometieron a colaborar en todo lo necesario para que se haga justicia.
“La indicación de nuestro intendente, Andrés Watson, fue avanzar hasta esclarecer los hechos y actuar en defensa del patrimonio gubernamental en una causa penal donde el municipio fue presentado como particular damnificado”, detalló el secretario de Gobierno, Daniel Dono Leidi.
Además, se tomaron medidas internas para “proteger el erario público” y se ofreció todo el apoyo necesario al Ministerio Público Fiscal, proporcionando pruebas consideradas fundamentales para el avance de la investigación judicial.
“No solo se instruyó el sumario interno, que ya tiene casi 4 cuerpos de 200 fijas cada uno, sino que también se hizo la denuncia penal para que la Justicia investigue a fondo, la cual se amplió a mediados de abril”, explicó una fuente comunal. (TN)
