“Fue todo un año de un trabajo que dio sus frutos, entendiendo que estábamos creando una herramienta fundamental para este Concejo Deliberante y esta sociedad. Es un paso más. No es feliz tener un protocolo ante estos casos porque lo ideal sería que no pasara, pero lo hemos logrado. Ojala nunca tengamos que usarlo”, detalló Ileana Cid, como concejal y no como presidenta del Cuerpo, a la hora de explicar cómo se trabajó el proyecto.
La massista Virginia Rodríguez se refirió al proyecto como una iniciativa que estuvo “muy bien trabajada”, y que “si bien esperamos que nunca se implemente, hay varios funcionarios que tienen muy malas formas de dirigirse”.
El proyecto comenzó a discutirse tras el escándalo que vivió el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, quien fue denunciado por abuso en 2018. Fue tal la repercusión que se creó una comisión para elaborar el Protocolo de Actuación ante Denuncias de Acoso Sexual y/o Violencia de Género en las relaciones laborales en el Municipio.
Según se detalla en el protocolo, el mismo busca “dar respuesta a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Concejo Deliberante, conformando un espacio institucional que garantice el resguardo de la persona denunciante, poniendo a su disposición mecanismos para su asistencia, asesoramiento y acompañamiento, con el fin de lograr un ambiente laboral libre de discriminación, hostigamiento, acoso y violencia en todas sus formas, promoviendo condiciones de igualdad y equidad”.
Además, habrá una “protección a la víctima desde un abordaje integral interdisciplinario”, ya que se buscará la “no revictimización, la confidencialidad, respeto, privacidad y la celeridad y eficiencia en las actuaciones”. Será aplicable a “mujeres y personas LGBTIQ+ que desempeñen sus funciones en el Concejo Deliberante y/o cualquiera de sus dependencias y/o cualquier otro espacio físico, telefónico o virtual, sin distinguir el tipo de condición laboral (temporario, permanente o contratado, funcionario)”. También será aplicable “a los casos de visitantes y/o personas invitadas en el Concejo Deliberante y sus dependencias, en actividades propiciadas por el mismo”.
CARACTERÍSTICAS
Según especifica el protocolo, “será obligación del presidente de Concejo garantizar la implementación y su difusión, aplicar las recomendaciones y organizar la designación del equipo técnico mediante concurso de antecedente. Y en el supuesto donde el denunciado sea quien oficie la Presidencia, la persona que tome este rol será quien ocupe el cargo de Vicepresidente/a primero/a”.
Si el denunciante o denunciado es familiar o tiene una vínculo previo con quien ejerce el cargo de Autoridad Superior, ésta última deberá excusarse de intervenir en el caso y lo hará quien ocupe la Vicepresidencia. Para ello se creará un equipo técnico que “estará conformado por un/a profesional del Derecho, un/a de la Psicología y un/a del Trabajo Social con formación en género y experiencia en intervención con mujeres en situación de violencia”.
Su conformación se renovará cada 4 años, siguiendo el calendario electoral del cuerpo legislativo municipal. “El/la Presidenta/e del Concejo Deliberante convocará un nuevo equipo dentro de los primeros 90 días de su asunción o renovación al cargo”.
LA DENUNCIA
Las denuncias podrán efectuarse mediante presentación escrita, telefónica o vía correo electrónico; y el procedimiento será autónomo, confidencial, gratuito e independiente de la existencia de otros procesos o procedimiento.
De esta forma, se reservará la identidad de todas las personas involucradas; el tratamiento será confidencial; se notificará al denunciado personalmente o vía correo postal, y tendrá un plazo de tres días hábiles para realizar su descargo. Si no presentara el descargo se continuará con el procedimiento.
Si el caso lo requiere, el equipo podrá tomar medidas de urgencia en 24 horas y se admitirán todo tipo de pruebas. También establece que el equipo elaborará un informe, “en un plazo máximo de siete días hábiles, con las conclusiones alcanzadas y una recomendación a la Autoridad Superior con las medidas a adoptar tendientes al cese de la situación de violencia”.
