La causa está dividida en dos, por un lado la parte penal y por otro la civil. En 2006, la Federación de Comunidades Pilagá presentó la denuncia por primera vez y desde aquel entonces esperan una resolución de la Justicia. Se espera que este año el Juzgado Federal 1 de Formosa, dicte su veredicto en el marco de la causa civil por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica” donde el demandado no es otro que el Estado Nacional.
Se estableció un plazo de 40 días para producir la prueba solicitada por el juez, entre ellas el testimonio de seis sobrevivientes. Luego, el 10 de mayo se realizará la audiencia de verificación y, a partir de ese momento, el magistrado estará en condiciones de dictar su veredicto, que se espera sea antes de fin de año.
En cambio, la situación de la causa penal es otro cantar y pareciera que la Justicia nunca llega para la comunidad Pilagá. Si bien la demanda se inició hace 14 años, recién en 2012 los hechos investigados fueron calificados como delitos de Lesa Humanidad. Hasta el día de hoy el juicio no ha comenzado. Esta dilación significó que muchos de los testigos fallecieran a la espera del debate oral. Sin embargo, lo peor para el desarrollo de la causa fue la muerte del único imputado: Carlos Smachetti.
Smachetti era copiloto de la Fuerza Aérea Argentina en 1947 y era el único autor material de la Masacre Pilagá que aún estaba con vida. Sin embargo, falleció impune en abril de 2017, sin siquiera ser llamado a declarar. Es por ello, que la Federación de Comunidades Pilagá solicitó a la Justicia Federal llevar adelante un “juicio por la verdad”. Es que no sólo buscaban un castigo a los culpables, sino también una reparación y el reconocimiento de lo que realmente sucedió entre el 10 y 30 de octubre en 1947.
LA MASACRE PILAGÁ. Luciano Córdoba era un reconocido sanador pilagá entre las comunidades originarias de la región. En octubre de 1947, Luciano fue al Paraje La Bomba, cercano a Las Lomitas en Formosa, donde se realizó una suerte de encuentro al que se acercaron miles de personas para ver al sanador, entre ellos muchos niños y ancianos enfermos.
En Las Lomitas, se encontraba el 18 Escuadrón de la Gendarmería Nacional que, ante la presencia de tantos miembros de pueblos originarios, comenzaron a preocuparse y a redactar informes diciendo que aquellas personas estaban organizando un “malón” y que esperaban un ataque inminente. La negativa de los indígenas a retirarse fue interpretada por las fuerzas de seguridad como un “acto de rebeldía”.
Humberto Sosa Molina, en ese momento Ministro de Guerra del primer gobierno de Juan Domingo Perón, ordenó la movilización de tropas al Paraje La Bomba, incluso el despegue de un avión militar desde El Palomar. Así fue como efectivos de Gendarmería, Fuerza Aérea y Policía de Territorios Nacionales emprendieron una brutal represión hacia la comunidad Pilagá con fusiles y ametralladoras. En la denuncia penal se menciona que hubo fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestros y trabajos forzados.
Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud la cantidad de muertos que hubo, las comunidades estiman que había cerca de cuatro mil personas en el paraje de las cuales pudieron escapar sólo alrededor de quinientas.
Actualmente, se han encontrado tres fosas comunes pero sólo se ha abierto una en la que se hallaron 27 cuerpos. Es que cuando las tropas comenzaron la feroz represión, las personas presentes corrieron hacia el monte donde continuó la persecución, incluso con un avión que disparaba sobre los indígenas que trataban de escapar. El copiloto de ese avión era Carlos Smachetti. Las mujeres y niñas de las comunidades fueron abusadas; los heridos, abandonados a su suerte sin atención médica; y los capturados fueron trasladados a las colonias de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñíz, lugares donde funcionaban campos de concentración en los que los “detenidos” fueron obligados a realizar trabajos forzosos.
