El Senado de la provincia de Buenos Aires citó al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a dar explicaciones en la Bicameral de Inteligencia ante las versiones que vinculan a esa cartera con la eventual instalación y su posterior retiro de bases de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en territorio bonaerense.
En ese marco, la presidenta del Bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García, pidió la interpelación de Ritondo alegando que el gobierno provincial debió haber tenido conocimiento de esa situación y en tal caso denunciar la posible comisión de delitos graves ya que esas bases podrían haber sido utilizadas para hacer espionaje ilegal a la propia Gobernadora.
“En una u otra hipótesis, los hechos sucedieron hace más de un año y la Gobernadora recién ahora aduce espionaje. Qué pasó y qué hizo el Ministro de Seguridad y el gobierno de la provincia ante esta situación es algo que se debe esclarecer de inmediato”, explicó García, a la vez que advirtió que “si el Ministerio detectó irregularidades en el desempeño de la AFI debió haber denunciado; lo mismo si la información que suministró la Agencia hubiera dado cuenta de que los policías bonaerenses estaban involucrados en redes criminales”.
La legisladora agregó que “era deber de Ritondo denunciar la posible comisión de delito. ¿Por qué el Ministro incumplió con su responsabilidad y se conformó con que el gobierno nacional retirase las bases de su territorio? De cualquiera de las hipótesis se desprende que debió haber intervenido el Ministro de Seguridad y del gobierno provincial, por ese motivo es necesario que explique qué tipo de intervención se adoptó y en qué resultó”.
De acuerdo a la presentación, Unidad Ciudadana espera que Ritondo dé precisiones sobre la intervención del Ministerio de Seguridad para que la AFI instale bases en el territorio bonaerense, la identidad del funcionario provincial que quedó a cargo del vínculo con la AFI y de los responsables de cada una de las bases. También pretende conocer qué áreas del Ministerio fueron informadas de la instalación de las bases; si hay pruebas de Ritondo y la Gobernadora fueron víctimas de espionaje ilegal y si fueron denunciados penalmente a los presuntos responsables.
