La Plata | GarroGate: El exintendente imputado por asociación ilícita por un fraude estimado en 700.000 millones de pesos en la autorización ilegal de barrios privados

/ Las empresas involucradas en el mega fraude son  Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A.

/ Se investiga la relación del exintendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este.

/ La denuncia iniciada desde por la gestión de Alak comenzó por una documentación en el cajón de la oficina de Botta, ex secretaria de Planeamiento de Garro, que pertenecía al expediente para la construcción de una rotonda en la intersección de las calles 467 y 160 que tenían otro monto del que figuraba en el expediente.

La Justicia imputó este lunes al exintendente de La Plata, Julio Garro, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados en la ciudad.

La investigación nace a partir de una denuncia impulsada por el actual jefe comunal, Julio Alak. Sergio Resa, secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos platense, que en su momento explicó que por el volumen de trámites iniciados de forma irregular y las constantes observaciones y solicitudes del Gobierno provincial que fueron ignoradas, “no se puede hablar de un error”.

El expediente judicial en contra de Garro incluye cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Además, las imputaciones en el marco de una presunta «asociación ilicita» alcanza a la ex secretaria de Planeamiento Urbano, María José Botta. También de Marcelo Genoro, que ofició de director general de Obras Viales durante la gestión amarilla y el de Nahuel Paradela, ex subsecretario de Servicios Públicos.

También un grupo de empresarios fueron alcanzados por esa carátula y ellos son Ariel Bordigoni, de la empresa Bordigoni y Cía SRL, Facundo Dadin, titular de Sol Vial Construcciones; Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea de Agrycon, cuyos domicilios fueron allanados.

Allanamientos y empresas involucradas

En el marco de la causa, se están llevando a cabo allanamientos en diversas propiedades y oficinas vinculadas a exfuncionarios municipales y empresarios del sector de la construcción.

Entre los domicilios allanados se encuentran las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., que habrían tenido un rol clave en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos.

El esquema de corrupción bajo la lupa

Según la investigación, se detectó un esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro, para la urbanización de los barrios.

Además, se investiga la relación del exintendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares que estaría vinculada al principal ladero de Garro, Luis Barbier, hijo de un puntero randazzista que hizo sus primeros pipinos como operador de negocios en la CEAMSE de Scioli y en el mundo empresarial platense se lo conoce como “el valijero de Garro”.  La martillera, corredora pública nacional María Eugenia Aiello es responsable de Realty One Group Bell.

Impacto económico del fraude inmobiliario

La causa estima que el perjuicio económico ocasionado asciende a 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias de 1.500 millones de dólares.

Entre las pruebas recabadas se encuentran:

*        Documentos alterados en expedientes municipales

*        Sobreprecios en obras públicas

*        Desvíos de fondos en convenios urbanísticos

El fiscal los considera “penalmente responsables”

“Que asimismo existen en la presente causa motivos bastantes para sospechar que al menos, Julio César Garro, María José Botta, Marcelo Genoro, Ariel Fabián Bordigoni, Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea, resultan coautores penalmente responsables de los ilícitos antes descriptos y calificados”, subrayó el fiscal en su escrito.

Los ilícitos que recaen, particularmente sobre Garro, son el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, todo en el marco de una presunta asociación ilícita que en el avance de la causa los podría llevar a prisión.

Entre las pruebas recolectadas por la Justicia, hay más de 800 expedientes en tramitación observados. De ese total, por ejemplo, hay 676 de los cuales 18 son barrios privados y los restantes son viviendas unifamiliares, tramitados de manera particular “sin ningún tipo de aprobación previa del barrio, ni la parcela, de los cuales algunos de ellos el municipio otorgó el permiso de obra sin más trámites”.

Como fue la maniobra

La maniobra se pudo desarrollar, indicó el fiscal, a partir de la sanción de la Ordenanza N° 12.150, la cual derogó el artículo 6 de la ordenanza 10.703. Con esta decisión, votada por el Concejo Deliberante durante la gestión de Garro, se permitió publicitar los lotes sin la aprobación final. Se los podía vender, sostuvo el escrito, “en contraposición a los dispuesto en el decreto-ley 8912 y el 9078”. El 8912 sigue siendo la norma que regula el uso del suelo en la provincia de Buenos Aires.

A su vez, Condomi Alcorta tomó la denuncia iniciada desde la gestión de Alak que encontró documentación en el cajón de la oficina de Botta, ex secretaria de Planeamiento de Garro, que pertenecía al expediente para la construcción de una rotonda en la intersección de las calles 467 y 160.

Luego de revisar el expediente, se constató que varias fojas fueron reemplazadas y las originales estaban en el cajón del despacho de Botta. ¿Por qué es relevante? Porque, originalmente, la obra estaba cotizada en un monto cercano a los 40 millones de pesos. Sólo unos meses después, y en un movimiento de documentación en el que habrían participado las firmas Agrycon y Bordigoni, el nuevo precio aumentó más de 20 millones.

“En este sentido se puede apreciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente «inflando» el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo «originario», con tan solo un mes y medio aproximadamente de diferencia entre la firma de ambos”, advirtió el fiscal.

La connivencia de Genoro con Bordigoni

Además, de la investigación se desprendió que Genoro, ex funcionario municipal e imputado en la causa, pasó a formar parte de la empresa Bordigoni y Cía. una vez que renunció a su empleo en la Municipalidad de La Plata.

Esta posible connivencia quedó plasmada, a juicio del fiscal, en que dentro de la documentación encontrada foliada en la carpeta del despacho de Botta hay un presupuesto sin foliar presentado por la empresa Bordigoni que “resulta tener exactamente el mismo formato gráfico y presentación que el firmado por el ingeniero Genoro como funcionario público difiriendo mínimamente los montos «públicos» que llamativamente son inferiores en su apreciación a los estimado por Bordigoni SRL”.

Investigación en curso y posibles nuevas imputaciones

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, solicitó las medidas de allanamiento, registro y secuestro de documentación para avanzar en la investigación y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

La Justicia continuará con la recopilación de pruebas y no se descartan nuevas imputaciones en el marco de esta investigación, que pone en jaque la legalidad de cientos de desarrollos inmobiliarios en la ciudad. (Con información de NA y P/12)