La Convención Nacional del radicalismo decidió suspender la afiliación de los cinco diputados que se reunieron con el presidente Javier Milei la semana pasada hasta que el Tribunal de Ética evalúe sus casos.
Un grupo de diputados radicales, encabezados por Facundo Manes, había pedido sacar del bloque a quienes se habían reunido la semana pasada con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, horas antes de que la sesión en la Cámara baja que definiría qué pasaba con el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
Luego de que cinco diputados radicales decidieran apoyar la medida presidencial, a pesar de haber votado en sentido opuesto previamente, otro grupo de legisladores le pidió a Rodrigo de Loredo (jefe del bloque en la cámara baja) que haga un «reordenamiento» para «reafirmar los valores de la identidad de nuestro espacio político».
Quiénes son los diputados suspendidos del radicalismo
En consecuencia, la mesa directiva de la Convención Nacional de la UCR decidió que Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi fueran suspendidos del partido y dejaran de formar parte del bloque de la Unión Cívica Radical, hasta que se realice la investigación del Tribunal de Ética.
Esta sanción es consecuencia del cambio de posiciones de estos diputados, que primero votaron a favor de la ley de movilidad jubilatoria y luego acompañaron el veto del presidente Javier Milei, en contra del mandato del partido.
En tanto que José Tournier forma parte del bloque de la UCR en la cámara baja pero no está afiliado al partido centenario, por lo que su caso reviste cierta particularidad.
Por otra parte, se trató también la situación de los diputados Roxana Reyes y Gerardo Cipolini, los dos legisladores del bloque, que se ausentaron durante el debate.
La resolución: denuncian una «grave inconducta partidaria»
La resolución de la Convención Nacional sostuvo que «al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido».
«Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, agregaron.
Ahora deberán pasar por el Tribunal de Ética del partido el cual tiene tres integrantes: Alicia Tate, de la provincia de Santa Fe; Juan Pedro Tunessi, de Buenos Aires; y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones. Serán los encargados de definir la sanción final para los diputados radicales.
