Tal como ya había sido adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno finalmente publicó este martes el decreto que establece la no renovación de los contratos políticos de personal en el Estado nacional iniciados en el año que culmina.
Además, el decreto 84/2023 del Poder Ejecutivo prevé la revisión de la situación de los trabajadores contratados con anterioridad al 1 de enero, garantizándoles estabilidad por 90 días, cuando se decidirá el estado final de su relación.
La norma es taxativa y firme. El artículo 1° establece que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.
Esto contempla a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también de los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
La medida de baja afecta a casi 7.000 trabajadores contratados por el gobierno saliente en organismos y empresas públicas.
Excepciones
El decreto prevé excepciones de continuidad de contratados que ingresaron en enero del año en curso. Se trata de personas que hayan ingresado “bajo leyes especiales” de establecimiento de cupos (trans, etc), por “cambios en la modalidad de contratación” (personal que ya se venía desempeñando por convenios o becas y lo tomaron como contratado) o “casos donde el personal sea considerado indispensable para la operación de una jurisdicción.
El artículo 3 limita la renovación de contratos existentes, con ingreso previo al 1 de enero de 2023, a un máximo de 90 días.
