La mediática Charlotte Caniggia declarará esta mañana como testigo en la causa que investiga el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en el interior de una valija que fue arrojada en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en julio pasado, luego de ser señalada por uno de los siete detenidos de la causa.
La hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia fue citada para las 10 en la sede de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Esteban Echeverría, ubicada en el cruce de las avenidas General Las Heras y Pedro Suárez, de la localidad de Monte Grande, al sur del conurbano bonaerense.
Según explicaron las fuentes a Télam, la mediática fue citada por el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas de Zamora, para declarar como testigo luego de ser mencionada en la declaración indagatoria del comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba (48), uno de los de siete detenidos por el homicidio de Pérez Algaba (41).
Entre otros dichos, Córdoba sostuvo en su indagatoria que Pérez Algaba lo citó en una oficina de Puerto Madero, «muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo ‘trading'», que según dichos de la propia víctima, «se la había prestado Charlotte Caniggia».
Por otra parte, se esperan los resultados de los análisis realizados a una hoja de sierra tipo amoladora dentada, tres guantes de nitrilo, un clavo con manchas hemáticas y otras cinco muestras similares en un pedazo de escombro, que fueron secuestrados luego de un rastrillaje realizado el último viernes en el predio “Renacer”, de General Rodríguez.
«La idea era poder confirmar si, tal como confesó uno de los detenidos, una de las construcciones del predio, que luego fue demolida, es el lugar del hecho, es decir la escena del crimen», dijo a Télam una alta fuente policial que trabaja en el caso.
El mismo vocero explicó que, más allá de que ese sitio quedó destruido, el objetivo con los perros rastreadores y los expertos en rastros fue hallar algún indicio que confirme si allí fue asesinada la víctima y si en ese mismo lugar también la descuartizaron.
Nahuel Sebastián Vargas, otro de los siete detenidos por el caso, fue quien al ser indagado por el fiscal reveló que el asesinato de «Lechuga» lo cometió otro de los imputados, Maximiliano Ezequiel Pilepich, en una casa de campo de ese sitio, de dos balazos por la espalda y cuando la víctima estaba cambiando una bombita.
«En la segunda habitación a la izquierda la luz que había que cambiar estaba alta, entonces Fernando que era el más alto de los tres, toma una silla y se para en la silla para cambiar la luz», declaró Vargas.
El acusado explicó que en ese momento salió del lugar a pedido de Pilepich para abrir una ventana y, en ese momento, escuchó los dos disparos.
Cuando regresó, Pilepich le dijo: «Ya está, no aguantaba más, hay límites», en referencia a que el empresario le venía exigiendo que le pague una deuda y a un hecho que involucraba a su hija adolescente.
«Maxi estaba enojado porque Fernando había agregado al Instagram a su hija de 13 años y le escribía y luego realizaba capturas de pantalla y se las enviaba a Maxi para provocarlo», contó Vargas.
Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía «una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos».
La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
Mientras que sus restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
Por el crimen, además de Pilepich, Vargas y Córdoba, permanecen detenidos Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil; y a todos ellos el juez de la causa les rechazó la excarcelación.
