Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que en abril de 2020 desapareció luego de un control policial y cuyo cadáver fue hallado tres meses y medio después en un cangrejal de General Daniel Cerri, aseguró hoy que la causa por la muerte de su hijo está paralizada, mientras que denunció un «encubrimiento exitoso» por parte de la policía y afirmó que existen pruebas suficientes como para imputar del asesinato a cuatro agentes.
«No tener detenidos e imputados a esta altura parece una tomada de pelo de la Justicia. Vemos que, en otras causas, con muchísimo menos pruebas, hubo personas detenidas o imputadas», expresó Castro durante un encuentro con periodistas, al cual asistió Télam, realizado en las oficinas de la organización Amnistía Internacional, ubicadas en el barrio porteño de Colegiales.
Junto a ella, también expusieron sus abogados particulares, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la letrada Margarita Jarque, de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), organismo que se presentó como querellante institucional en la causa.
Todos ellos coincidieron que a lo largo de los tres años que lleva la investigación «existen elementos contundentes» para imputar a los policías Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca del crimen de Facundo y catalogaron la muerte del joven como una «deuda social sin resolver».
«No queda nada por probar en virtud del complejo delito en el que estamos: la desaparición forzada. Hay 107 días de bache -entre la desaparición de Facundo y la aparición de su cuerpo- en los cuales logramos probar el día efectivo del asesinato y el vehículo utilizado para descartar el cuerpo», explicó el abogado Luciano Peretto, quien respaldó sus dichos en base a los registros de geolocalización de los móviles policiales y de los teléfonos celulares.
A continuación, Peretto agregó: «La causa está absolutamente paralizada. Si la fiscalía no avanza, nosotros vamos a continuar las imputaciones desde la querella. Queremos que esto quede expuesto y que, a pesar de todas las pruebas, es una decisión del Estado abandonar la causa».
En ese sentido, el abogado señaló que «debería haber más que cuatro imputados» al sostener que «hubo un entramado complejo de acciones» que causaron la muerte de Astudillo Castro, a la vez que apuntó a funcionarios judiciales, periodistas y políticos por «construir de un halo de impunidad» sobre el hecho.
«¿El Estado va a mirar para el costado y no va a imputar a quienes sobradamente está probado que tienen responsabilidad en el hecho? A lo largo del proceso, la señora Marrón actuó como si fuese la abogada de los policías», apuntó Peretto en referencia a la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien fue apartada de la investigación por «la parcialidad demostrada en su actuación».
En la misma línea, Leandro Aparicio opinó que «hasta el momento el encubrimiento de la policía ha sido exitoso», manifestó no tener dudas que «la desaparición de Facundo fue llevada a cabo por la policía de la provincia de Buenos Aires».
A su vez, Aparicio defendió el accionar del adiestrador de perros aportado por la familia de la víctima Marcos Herrero, cuyos canes marcaron el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone y un patrullero Toyota Ethios, en el que se encontraron un objeto esférico en forma de sandía y un colgante de piedra turmalina, que pertenecerían a Facundo y que fueron reconocidos por sus familiares y allegados.
«Los perritos no se compran. Les importa un carajo si son del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Ellos te olfatean y si tenés que ver, tenés que ver. Ellos dicen que miente porque fue a un lugar donde ya habían ido otros perros de la policía que no habían encontrado nada y él si encontró», consideró el representante legal de Cristina Casto sobre Herrero, quien fue condenado por la justicia mendocina por presunta manipulación de evidencia falsa en el caso de Viviana Luna, una mujer que desapareció en la localidad de Potrerillos en 2016.
En tercer lugar, Margarita Jarque, abogada de la CPM, denunció una serie de hostigamientos realizados por la policía de Villarino a testigos claves en la causa, ligó las demoras en el proceso penal a las actuaciones de la jueza Marrone y del primer fiscal federal que tuvo a su cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez, y aseguró que «hay muchas condiciones para avanzar en una imputación» de los cuatro policías.
«Nuestra intervención en la causa tiene que ver con nuestro rol de mecanismo de prevención a la tortura visibilizar y ponderar aquellas conductas que tienen las agencias policiales y en la Justicia. Trabajamos con muchas víctimas y su dolor no se repara nunca. Pero un poco ese sufrimiento se detiene con la verdad y la justicia», contó Jarque.
Por su parte, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, remarcó que existe «ciertos colectivos y perfiles» que las fuerzas de seguridad buscan en los casos de violencia institucional e instó a reflexionar sobre los dispositivos policiales y judiciales en el marco del cuadragésimo aniversario del restablecimiento democrático en Argentina.
«Hay una transversalidad del racismo y de la discriminación que atraviesa la intervención de las fuerzas de seguridad en este tipo de casos», expresó García Rey.
Sobre este punto, Cristina Castro afirmó que su hijo «fue marcado» por los agentes policiales «por la forma de vestirse, de la rapeada y por llevar una gorra con visera».
«Acá en Pedro Luro – de donde era oriundo Facundo Astudillo Castro- se divide el pueblo por la vía: los de atrás de la vía somos negros; para el otro lado, cambia la clase social. Pese al paso de tiempo, ese estigma no lo ha podido borrar nadie. Los chicos de atrás de la vía son perseguidos. Es como que los negritos no importan», detalló Cristina.
Por último, Castro exigió «Justicia» por su hijo y se refirió a otros hechos de violencia policial ocurridos durante el último mes.
«Veía cómo la policía reprimía y asfixiaba a Facundo Molares, me asfixiaba con él mirando la tele en vivo. Yo creo que no hace falta más policías en la calle, hay que educar a los que tenés. Están mal preparados, mal formateados, creo que pasa por ahí. Justo todo eso pasó en agosto, que es un mes que me duele y me atraviesa mucho. Ayer Facu hubiese y cumplido 26 años. Siempre lo recordaré con una sonrisa», cerró la mujer con lágrimas en sus ojos.
Facundo Astudillo Castro (20) fue visto por última vez el 30 de abril del 2020 cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia.
Tras ser interceptado por la Policía por violar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), nada más se supo de él hasta el 15 de agosto del 2020, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri.
La autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven murió como consecuencia de una «asfixia por sumersión».
Desde un primer momento, la madre de Facundo mantiene sus sospechas de que la policía bonaerense tiene responsabilidad en la desaparición y muerte de su hijo, y hasta pidieron en reiteradas oportunidades -sin éxito- la detención de cuatro efectivos que fueron quienes lo retuvieron en la ruta mientras el joven caminaba hacia Bahía Blanca.
