Tal como se preveía desde el momento en que fue aprobada en el Congreso y promulgada la e ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), empezaron las medidas cautelares contra la norma. La provincia de Chaco es la primera donde quedó suspendida la aplicación, luego de que una jueza hizo lugar a un amparo judicial fundado en la supuesta afectación de derechos consagrados previamente en la Constitución.
La jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 de la ciudad de Resistencia, suspendió en todo el territorio provincial la la vigencia de la Ley 27.610.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por particulares que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Al fallar argumentó que la ley reciente confronta artículos constitucionales y tratados internacionales a los cuales adhiere su provincia y el Estado nacional, que reconocen la defensa del derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo cual invalida el aborto legal promovido por el propio Estado.
La jueza explicó que la Constitución nacional, pactos internacionales y a la ley de protección integral de la niñez N°26.061 merecen “una simple lectura” para reconocer que la ley de IVE no es compatible.
«Si bien pueda existir una presunción de validez ante la Ley que se cuestiona, de la simple lectura de las restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre la misma», sostuvo la jueza.
Al requerir en su pronunciamiento un “mayor análisis de la validez”, la jueza no resuelve la cuestión de fondo de la constitucionalidad o no de la ley, sino que frena su aplicación por amparo y deriva a otra esfera para que intervenga zanjando la cuestión final.
