Discretamente, el Gobierno bonaerense comenzó a sondear en la Justicia una salida al fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa estatal ABSA a devolver a los clientes unos $ 2.800 millones por el aumento del 180% en las tarifas de 2012, durante la gestión de Daniel Scioli como Gobernador.

El 14 de agosto último, el máximo tribunal del país rechazó un planteo del Estado bonaerense contra un fallo de la Suprema Corte provincial, que anuló el decreto 245/12 mediante el cual Scioli autorizó un incremento del 180% del m3 de agua. De esta forma, las dos instancias principales le dieron la razón al entonces juez contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, quien había ordenado frenar la suba porque previamente no se había realizado un audiencia pública.

En 2015, cuando la Corte provincial falló contra ABSA, la deuda ascendía a $ 1.800 millones y debía pagarse con descuentos en las facturas posteriores. En tanto, actualmente el monto que la empresa debería devolver a los usuarios alcanzaría los $ 2.800 millones, según el mecanismo de actualización fijado en aquel entonces.

La deuda es un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno de Axel Kicillof, más aún en el actual contexto de escasez de recursos. Para poner los números en contexto, representa casi el 75% de los ingresos previstos por la empresa para 2019, según el cálculo del Presupuesto de ese año (el último aprobado por la Legislatura). 

Estos números resultan inalcanzables para una empresa que desde su estatización no dejó de funcionar con déficit, cubierto todos los años por la administración bonaerense. Este año, incluso, la actual gestión desaprobó las rendiciones de cuenta de 2019 y denunció penalmente a los directivos anteriores, al tiempo que informó sobre deudas con proveedores por más de $ 1.000 millones.

Una salida “razonable”

En este contexto, fuentes judiciales indicaron a DIB que la Provincia inició las gestiones para encontrar un acuerdo que no deje mal parada a la empresa. El planteo corre por dos vías: por un lado, determinar un monto de devolución ante las dificultades técnicas de la empresa para calcular cuánto le corresponde a cada cliente; y por otro, cuotificar ese total de modo tal que evite dejar a ABSA sin ingresos.

En 2015, tras el fallo de la Corte bonaerense, un trabajo de DIB había revelado que, de acuerdo a las categorías vigentes por entonces, a cada usuario le correspondía una devolución de entre $ 270 y $ 4.500, con un promedio de $ 1.700. Esto representaba un total de 13 facturas según los valores de ese año: es decir que si la deuda se imputara en su totalidad a las facturas futuras, ABSA se quedaría sin ingresos por un año.

Esta será la uno de los frentes legales del Gobierno: definir un sistema de cuotas que permita prorratear la devolución lo más que pueda y evitar una virtual paralización de la empresa. La otra: lograr el mejor acuerdo posible respecto de los montos a devolver.

5 años de indefiniciones

Tras el fallo de la Corte Suprema, el expediente retornó al Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, de donde surgió el fallo original. Actualmente el juzgado es subrogado por Francisco Terrier tras la destitución en 2018 de Luis Arias, autor de la condena contra el Estado bonaerense. 

En 2015, Arias había iniciado el proceso para dilucidar el dinero que la empresa debería devolver a cada usuario. Según recordó a DIB el exmagistrado, tras el fallo de la Corte provincial quiso obligar a la empresa a devolver de forma provisoria un 15% del valor de las facturas, para evitar dilaciones. Sin embargo, la querella (encabezada por el actual secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli) inició junto a ABSA un proceso de “amigables componedores” que sacó el expediente de su juzgado y obligó a un acuerdo entre las partes, que todavía no ocurrió.

Desde la querella aseguraron a DIB, en tanto, que antes de que el conflicto llegara a la Corte Suprema habían presentado una fórmula matemática para definir la deuda. La empresa, por su parte, había solicitado una pericia técnica, alegando la imposibilidad de calcular cuánto le correspondía a cada usuario.

El cálculo no es una tarea sencilla: si bien estaba claro el monto total (según lo establecido por la Corte bonaerense), resultaba muy difícil calcular cuánto le correspondía a cada cliente, debido al particular método de cobro de ABSA: en lugar de medir el consumo (solo un número muy pequeño de usuarios posee este sistema), la empresa estatal establece un rango “teórico” según la superficie de cada vivienda. A esto se le suma una dificultad extra: ¿qué pasa con los cientos de inquilinos que ya no ocupan las unidades en las que vivían entonces o con quienes vendieron su propiedad?