El congelamiento del precio de los alquileres entró en la recta final, y mientras que el Gobierno estudia alternativas, desde las inmobiliarias salieron a presionar para que no se extienda esta herramienta mientras que los inquilinos piden una solución ante la crisis económica como consecuencia de la pandemia.

A fines de marzo y a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos hasta el 30 de septiembre de este año. Cerca del vencimiento, las organizaciones que agrupan a los inquilinos reclaman su extensión hasta marzo, mientras Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina advirtieron con un “colapso total” del sector.

La administración de Alberto Fernández, que no se pronunció de manera pública sobre el tema, analiza una extensión del decreto o también un plan de créditos o subsidios para los inquilinos que les permita saldar sus deudas con los propietarios. La primera opción, que más le cierra a los que alquilan, fue rechazada por las inmobiliarias.

Según el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina, que agrupa a 28.000 corredores en todo el país, la extensión del decreto “implicaría un colapso total de la oferta de alquileres, produciendo una masiva migración a la venta de propiedades, privando a los miles de inquilinos la oportunidad de acceder a una vivienda”.

El Consejo recordó que oportunamente manifestó su acompañamiento al DNU 320 decretado en marzo por un plazo de 180 días, ya que pretendía mitigar el impacto de la crisis por la emergencia sanitaria del Covid 19. Sin embargo, hoy entiende que su prórroga no será beneficiosa para el mercado y aseguraron que el incumplimiento por la falta de pago de alquileres es “bajísimo”.

“Advertimos que esta medida excepcional no debía prorrogarse bajo ninguna circunstancia, ya que no dejaba de ser una intromisión del Estado en los contratos entre particulares, un claro avance sobre el derecho a la propiedad privada y que este debía durar los 180 días establecidos, no más, de lo contrario, causaría una gravísima situación en el mercado de alquileres”, explicó el comunicado.

Desde la vereda de enfrente, el presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Núñez calificó la situación de “gravísima” y pidió una solución urgente. “No se sabe qué va a pasar”, admitió Muñóz, y agregó que en la última reunión con autoridades del Gobierno, hace un mes, plantearon la necesidad de extender la vigencia de las medidas hasta marzo del 2021. Sin embargo, desde entonces “no tenemos diálogo”, contó.

El 30% de los inquilinos no pudo pagar el mes de agosto, y la mitad acumula deudas de dos o más meses de alquiler, según una encuesta de la federación. En la ciudad de Buenos Aires, cuatro de cada diez inquilinos tienen dificultades para pagar el alquiler, de acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo.

“El mercado inmobiliario nos ha declarado la guerra”, dijo Muñóz y pidió “un rol mucho más activo del Estado, que no trata de igual manera a los inquilinos y al mercado inmobiliario”.