El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, avanza con la causa que investiga na red de espionaje ilegal que cruza todas las aristas del poder en Argentina. Entre tantas polémicas que posee la causa, el magistrado le notificó a las diputadas Elisa Carrió, Paulo Oliveto, Mariana Zuvic y al juez Claudio Bonadio que pueden “presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes”.
“A partir de prueba reunida, aparecen involucradas muchas otras personas –algunos de ellos funcionarios públicos-, cuyo examen y valoración excede el análisis formal que se pretende realizar en esta resolución, a quienes –al igual que los imputados y querellados formalmente-debe garantizársele la posibilidad de realizar las aclaraciones que estimen pertinentes, indicar pruebas que a su juicio, puedan ser útiles, designar abogado y en definitiva ejercer del modo más amplió sus derechos”, detalló el juez.
En la resolución, el juez detalla las distintas formas de hacer espionaje ilegal: “La utilización de informes falsos o verdaderos de inteligencia y la incorporación a través de declaraciones, presentaciones judiciales, anónimos o la difusión en medios de comunicación habría sido una de las vías utilizadas por esta organización (…) Otra forma de llevar a cabo las operaciones habría sido la presentación directa de la información en una causa judicial, bajo la apariencia de un informe aportado por un tercero anónimo y/o una declaración presuntamente desinteresada, pero orientada a lograr los fines buscados por la organización (…) Otro de los métodos habría sido la utilización de expedientes judiciales para recoger información que nada tenía que ver con el objeto de investigación, de modo tal de obtener información privada o sensible, útil para las tareas de espionaje que llevaba adelante la organización”.