La Cámara Comercial rechazó el intento de la empresa de llegar a la Corte Suprema para evitar un peritaje sobre los libros contables de Socma y Sideco, dos firmas que son pilares del grupo empresario y que funcionan como controlantes del Correo, que les transfería dinero aunque figura como inactiva en el expediente concursal.
Por otra parte, una denuncia de la fiscal Boquín obligó a la jueza comercial de primera instancia, Marta Cirulli, a avanzar con una pesquisa que se negaba a concretar sobre más desvíos por 35 millones de dólares, en este caso a favor de estudios de abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas. La fiscalía le advirtió que de no hacerla incurría en desobediencia.
La fiscal hizo la primera denuncia sobre desvíos de dinero de las cuentas del Correo en el concurso de acreedores hace dos años. Allí señalaba que habían existido retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos en favor de las controlantes, justo los meses previos a que se firmara el acuerdo con el Estado, que ella misma denunció como “ruinoso y abusivo”, y que quedó abortado. Fue el acuerdo que intentaba licuar la deuda de 4000 millones de pesos que dio origen a este gran escándalo que no cesa, porque Correo sigue sin pagar, según informó Página 12.
También reveló pagos de alquileres altísimos a Sideco pese a la inactividad de la firma postal: oficinas por $144 mil; $61.834 en sueldos y cargas sociales; $113 mil de gastos informáticos y contables; y $65 mil de honorarios, entre tantos otros. A la vez, el Correo compró por 2 millones de dólares acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para negocios automotrices que nunca le dieron ningún rédito. Luego pagó un extra de 900 mil dólares más. Un movimiento complementario muestra préstamos sospechosos por 17 millones de pesos de Socma y Sideco al Correo.
La decisión de la Cámara coincidió esta semana con una denuncia de Boquin contra la jueza de primera instancia, Cirulli, porque se negaba a avanzar con la investigación de más desvíos de fondos que denunció este año por 35 millones de pesos. En este caso, se trata de pagos injustificados, según la fiscal, a los estudios del actual diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli; al de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia; al de Jaime Kleidermacher, abogado de los Macri y al de Jaime Cibils Robirosa, actual titular del Correo. Asesoraban en el concurso de acreedores pero recibieron pagos sobre los límites establecidos por la ley de concursos y quiebras entre 2004 y 2007, cuando los montos en cuestión tenían mucho más valor. Pero la jueza había dicho que no veía nada nuevo para investigar.
La fiscal hizo una presentación ante la Cámara en la que sostuvo que la jueza incurrió en “una grave desobediencia” ante la orden del tribunal de alzada que “agrava la situación el trámite pues no es la primera vez que la Dra. Cirulli desoye una orden de la Cámara”. Boquín le señala que ya habría cometido la primera irregularidad en 2004 cuando en lugar de ordenar el procedimiento de salvataje del Correo que se había dispuesto, otorgó un nuevo período de exclusividad, que habilitó la dilación de todo el trámite, “lo cual constituye una de las principales causas del escandaloso desorden procedimental en el trámite del concurso preventivo”. Además de plantear esta advertencia ante la Cámara, pidió que se notifique la situación ante el juzgado federal de Ariel Lijo, quien instruye la causa penal sobre el acuerdo con el cual se intentó favorecer al Correo, donde Cirulli está denunciada. Un día después de la presentación de Boquin, la jueza firmó una resolución para darles intervención a los peritos de la Corte, para que se analicen los desvíos revelados por la fiscalía.
La gravedad de las maniobras de vaciamiento y los desvíos es que podrían derivar en la demostración de un fraude concursal, con graves consecuencias económicas e incluso penales para la empresa de los Macri.
