Tras la foto de Cristina Fernández de Kirchner sentada en Comodoro Py afrontando un juicio oral por corrupción, se dictó cuarto intermedio para el lunes 27 de mayo a las 9:30 horas.
La justicia deberá analizar si durante su gobierno le otorgaron de manera irregular licitaciones de obra pública al empresario Lázaro Báez. Para ello declararán 159 testigos. Lo que decida el tribunal puede tener efecto en otros dos juicios que le esperan a la ex mandataria: las causas Los Sauces y Hotesur. En esos expedientes la acusación es porque el dinero de la obra pública terminó en los negocios hoteleros y de alquiler de propiedades de la familia Kirchner. Por eso será clave si la obra pública fue o no delictiva.
Recién el año que viene comenzarán los alegatos, que es el momento en el que la Fiscalía y de las querellas hacen la acusación en base a la prueba y piden condena. Y luego, el veredicto.
Lo que ocurrirá durante el proceso es que la Corte Suprema resuelva los planteos de las defensas y que tuvieron en vilo el juicio durante dos días. Lo que decida el máximo tribunal también puede tener efecto en el proceso.
Por su parte, la ex presidente tuiteó un hilo en horas de la mañana en la que considera que “jamás debió ser citada”. Kirchner escribió que es “un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”.
Respecto de la causa aclaró que “la citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz.No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Civica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”.
En ese sentido aclaró que las licitaciones de obras públicas viales fueron realizadas “por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia”.
“Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial. Las ‘pruebas’ por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”.
Finalmente, Cristina señaló que “como frutilla del postre”, utilizarán la “declaración” del “arrepentido coucheado Fariña, quien se encuentra sujeto a una investigación criminal en el escandaloso caso D’Alessio por armado de causas truchas que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Dolores”.