El lunes pasado organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos realizaron un escrache en la esquina del domicilio de Leopoldo Luis Baume, en calle 49 entre 12 y 13, en La Plata. Baume fue condenado por cinco privaciones ilegales de libertad y torturas en la causa “Sheraton”, un Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionaba en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza, durante la última dictadura cívico militar.
Sin embargo, si bien el Tribunal Oral y Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió sentenciarlo a ocho años de prisión, también le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
Es por ello que al juicio en los Tribunales Federales de La Plata por los crímenes cometidos en la Brigada San Justo, Baume llega en colectivo acompañado de su mujer y se pasea entre los familiares de las víctimas, aún cuando él mismo es un imputado en la causa. Actualmente, la Justicia investiga su participación en 52 casos de secuestro y torturas. Entre los que se encuentra la desaparición de Héctor Germán Oesterheld, autor de la reconocida historieta “El Eternauta”.
En ese mismo debate oral, otro de los imputados es Miguel Osvaldo Etchecolatz, a quien también se benefició temporalmente con una prisión domiciliaria. Etchecolatz era el jefe de la Policía Bonaerense y una de las máximas autoridades de los 21 CCD que funcionaron en la Provincia de Buenos Aires, junto al General Ramón Camps.
También es el principal sospechoso en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. No obstante, la Justicia le permitió cumplir las múltiples condenas en su hogar de Mar del Plata. Aunque cabe destacar que dicho beneficio, le duró poco. La rápida reacción de los organismos de DDHH y de los fiscales que apelaron la decisión, hicieron que prontamente el genocida volviera al Penal de Ezeiza.
Ahora bien, esta situación como también la de Baume, lejos está de ser un hecho aislado. En Argentina hay 989 personas detenidas por delitos de lesa humanidad; de ellas, 891 represores están condenados por dichos delitos; y 641, gozan de prisión domiciliaria. Es decir que hoy en Argentina, hay más genocidas con arresto domiciliario que en una cárcel común. Asimismo, según datos de la Procuración General de la Nación, 1384 personas se encuentran en libertad mientras están siendo investigadas por delitos de lesa humanidad. De allí se desprende entonces, que hay más imputados por crímenes cometidos durante la última dictadura libres que detenidos, y también es importante resaltar que aún hay 35 personas prófugas en el marco de estas causas.
También es cierto, que desde que asumió el Presidente Mauricio Macri, los beneficios procesales a los genocidas han aumentado. “Nos parece que esta situación lo que hace es relativizar la pretensión que tiene el Estado de investigar y condenar estos delitos, que son crímenes de Lesa Humanidad, que no prescriben y que hay una obligación de investigarlos en profundidad no sólo a los ejecutores, sino también a los cómplices” afirmó Julio Avicento de la organización HIJOS La Plata, en diálogo con MediaNews.
“Si en la década del ‘90 inauguramos los escraches como una medida de condena social ante la imposibilidad de que fueran juzgados en aquel momento por la vigencia de las leyes de impunidad, ahora volvemos a la calle a escrachar a un condenado” dijo Avicento en el marco del escrache a Leopoldo Luis Baume, “hay una situación de impunidad que va más allá de Baume también, que tiene que ver con más de 600 represores, procesados o condenados, que tienen este beneficio de la prisión domiciliaria, a nosotros nos parece que es un privilegio que tienen”.
Los escraches a represores que están cumpliendo condena en sus hogares se han multiplicado en los últimos años. Otro de los casos que tuvo una gran repercusión y que generó un fuerte repudio fue el de Luis Antonio Falco, el apropiador del ahora diputado nacional Juan Cabandié.
Falco fue condenado a 14 años de prisión en 2011 por «alteración del estado civil, falsedad ideológica de documento público y retención y ocultamiento de un menor». Por ello cumplía su sentencia en Marcos Paz. Sin embargo, en junio de 2018 el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Servini de Cubría, decidió otorgarle el arresto domiciliario.
En octubre del año pasado, los jueces Daniel Obligado y Adriana Paliotti, del Tribunal Oral Federal N°5 autorizaron a que Juan Arturo Alomar y Guillermo Horacio Palacios cumplieran sus condenas en sus respectivos hogares.
A Alomar le habilitaron el beneficio de la prisión domiciliaria porque su esposa está deprimida. Ambos fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. En el caso de Alomar, quien está sentenciado a 13 años de prisión, los magistrados federales decidieron otorgarle la prisión domiciliaria pues su esposa padece de depresión y consideraron que “requiere, para estabilizarse, de efectiva contención y acompañamiento de su esposo” en su casa de Bahía Blanca.
Por otro lado, Pazos está condenado a 16 años de prisión que terminará de cumplir -al menos por el momento- en su domicilio de Mar del Plata puesto que tiene más de 70 años y padece de un “déficit de movilidad ocasionado por una afección en su rodilla derecha”.
“Con esta situación en la que más del 50 por ciento de todos los genocidas involucrados en estas causas, que nos parece que es una joda total, tendremos que volver a la condena social incluso existiendo condenas efectivas por parte de la Justicia pero que no se ejecutan en una cárcel común” sentenció Julio Avicento.
La realidad es que se podrían nombrar centenares de casos, 641 para ser más precisos.
