El femicidio de Emma Córdoba y la violación y tentativa de femicidio de Ana Laura González nos sitúa, una vez más, frente a interrogantes en torno al rol del Estado en lo que atañe a la consagración de la justicia. En efecto, la imposibilidad de las instituciones de dar respuesta a las víctimas, redunda en una espiral de violencias: por un lado, la violencia física, la letalidad del agresor y, por el otro, como en loop, la violencia estatal, la prescindencia de todo rasgo de humanidad en los procedimientos.
El 24 de abril de 2021 está fijada la fecha para el inicio del debate oral y público. Cuatro años después de que sucedieran los hechos. En ese tiempo las víctimas quedan en una temporalidad detenida. El Estado las conmina al quietismo, a un tránsito extremadamente lento en el que la recreación de los hechos, que en el caso de Ana se dará como víctima pero además como testigo, asedia a las personas. Por otro lado, los temores sobre la posibilidad de que Ariel Osvaldo Báez sea dejado en libertad afloran continuamente, como una ejercicio de tortura psicológica.
Frente a la situación descripta, emergen ciertas preguntas… ¿Han existido dificultades probatorias? ¿Ha mediado algún obstáculo procesal? La única respuesta a ellas es no. No ha habido ni un solo obstáculo. De hecho, la investigación, a cargo de la Fiscal Virginia Bravo fue de excelencia. Celeridad procesal y no injerencia sobre la vida de Ana Laura, a quien se la requirió sólo en los momentos estrictamente necesarios. Sin embargo, frente a esta situación, “cuestiones de agenda” se sobreponen y terminan boicoteando las acciones estatales tendientes a dar pronta respuesta en la búsqueda de verdad y justicia.
Michel Foucault habla del poder de veridicción, aquel que construye desde la tecnología gubernamental (estatal) un discurso de verdad. El Poder Judicial detenta un rol clave en este sentido. Aún con las objeciones ciudadanas, asumimos que aquello que “la justicia” dice que es, es lo que es (forma parte del “contrato social”). En este trabalenguas reside toda la potencia de la vulneración de derechos estatal, cuando se priva a las víctimas de arribar a esa confirmación, que es la que da lugar a la condena. Así, resulta indispensable que los expedientes adquieran caras, expresión, historia de vida, de modo tal de que los entramados burocráticos, empaticen con las víctimas.
En este caso, Ana Laura se encuentra siendo revictimizada. Junto a amigas y amigos, dio vida a una petición en la plataforma Change.org (ver link) para juntar firmas y así respaldar el planteo de adelantamiento del juicio que interpusimos ante el Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata. Suena extraño. Quien debió padecer la letalidad de un femicida, debe reponerse para exigir lo que debería ser una garantía: el acceso a la verdad y la justicia. Hasta que las y los funcionarios públicos no realicen una reflexión profunda sobre el rol que ejercen, y no se adopten acciones efectivas para humanizar el Estado, los representantes de las víctimas deberemos seguir cerrando los escritos con la fórmula NO SERÁ JUSTICIA.
