La casa propia es un deseo de cualquier familia. Significa el inicio de un sueño, un espacio para la tranquilidad, el lugar desde donde proyectar un futuro. Con ese anhelo, miles de bonaerenses se acercaron a una propuesta que el Gobierno lanzó al inicio de su mandato con inusitada insistencia: la posibilidad de un crédito hipotecario accesible, más barato que un alquiler, a plazo largo y con promesas de estabilidad. Y si bien nadie duda de las buenas intenciones originales del oficialismo, tampoco nadie puede dudar hoy que el sistema se derrumbó con la espiral inflacionaria de los últimos dos años.
Hace meses que venimos trabajando con los deudores en un proyecto de Emergencia Hipotecaria para Créditos UVA en la Provincia de Buenos Aires. La intención de todos y de cada uno de ellos es pagar su casa. No quieren regalos, ni subsidios, ni tampoco nuevas promesas. Pero exigen que el Gobierno sea responsable de lo que, a todas luces, es mala praxis económica, y que terminó por hacer estallar la relación entre la cuota, el capital y los salarios. En la mayoría de los casos el valor de la cuota y del capital adeudado se duplicaron, pero no ocurrió lo mismo con los ingresos familiares. No poder ver esta situación solo revela la ceguera y la insensibilidad de quienes decían representar a las mayorías, pero que hoy dejaron de acompañarlas.
Con mucho esfuerzo los deudores UVA se organizaron y se hicieron oír en todo el país. Fue de esa forma que su reclamo llegó a nuestro bloque, nos convocó y nos impulsó a trabajar. Ya hace más de un año presentamos nuestro proyecto de ley para proteger a esas familias, y como resultado de ese esfuerzo conjunto, en las últimas horas la Gobernadora anunció una serie de medidas inspiradas en nuestra iniciativa. Esto es una buena señal, pero lamentablemente no es suficiente.
En primer lugar impacta solamente sobre los clientes del Banco Provincia, pero el universo de afectados es mucho mayor. No podemos aceptar que se generen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a los que las medidas no los beneficien. En segundo lugar, ofrece un tope del 30% de afectación de los salarios frente a la cuota, pero lo hace solamente hasta diciembre del 2019. Si pensamos en que los créditos son en su mayoría a 30 años, fácilmente nos daremos cuenta de que no se trata de una solución, sino apenas de un parche de corto plazo. Y sobre todo, el Gobierno apela a una “resolución” del Bapro para ejecutar esas medidas, debilitando la solución y haciéndola depender del humor del Directorio o de cualquier cambio coyuntural en la economía.
La solución al problema de los deudores UVA debe ser una Ley que beneficie a todos. Nuestra Provincia está lista para sancionarla, y esperamos que el oficialismo abandone su postura dubitativa, reconozca la grave situación por la que atraviesa el sistema y se disponga a solucionarlo de forma integral, entre todos los espacios políticos que ya demostraron su vocación de consenso en este tema. La Gobernadora ya dio una señal, que es un primer paso. Es hora de que el oficialismo en su conjunto se ponga del lado de los vecinos y baje a debatir al recinto.
