En abril de 2016, cuando desde el Gobierno anunciaron la emisión de créditos UVA por parte del Banco Central, muchas familias vieron con entusiasmo la posibilidad de cumplir el tan anhelado deseo de la casa propia. Sería un tipo de financiación hipotecaria, cuya tasa se ajustaría por unidades de valor adquisitivo (UVA) indexadas a la inflación. La propuesta era tentadora: estos se tomarían en moneda nacional; algo beneficioso en un país con vulnerabilidad externa y alta dolarización.
De esa manera, desde aquella fecha hasta enero del año corriente, 100.969 familias obtuvieron el crédito en cuestión. Pero poco a poco lo que parecía ser un sueño hecho realidad terminó transformándose en una pesadilla: la suba del UVA ya acumula un 143%, mientras que los salarios tuvieron un crecimiento anual promedio de solo el 29,7% desde entonces.
A su vez, no hay que perder de vista que quienes se enfrentan mensualmente al desafío de pagar una cuota UVA no solo vieron crecer su valor en un grado mucho mayor al de sus ingresos, sino que además deben hacerle frente a la inflación, que ya acumula un 182% desde que asumió la alianza Cambiemos.
El bajo índice de morosidad de los deudores hipotecarios —de 0,4% hasta febrero— muestra la situación apremiante que estas familias están viviendo puertas adentro: no dejan de pagar la cuota de los UVA por temor a perder su techo y, en consecuencia, se ven obligados a recortar otras variables, entre las que se encuentran los bienes y servicios de primera necesidad. Así se observa que, como este se debita automáticamente de la cuenta sueldo, lo que ha aumentado, entre otras cosas, es la tasa de morosidad en impuestos y pagos de tarjeta de quienes han contraído estos empréstitos.
De ese modo, lo que parecía ser una política proclive a garantizar el derecho a vivienda, terminó siendo lo opuesto. Por ejemplo, hoy se necesita un ingreso de 120 mil pesos para acceder a un departamento de dos ambientes pagando una cuota mensual de 30 mil pesos, cuando dicho monto alcanza para alquilar entre dos y tres inmuebles en grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata.
No atender esta problemática es un gesto inhumano e irresponsable por parte del Gobierno, que hizo que cientos de miles de personas se embarquen en un proyecto al que luego le cambió las reglas de juego. Por ejemplo, solo en la provincia de Buenos Aires, más de 40 mil personas se endeudaron de esta forma y hoy no pueden afrontarlo.
Es necesario proteger a esta gran cantidad de argentinos que hoy se encuentra en la disyuntiva de tener que elegir entre tener un techo donde vivir o satisfacer otras necesidades, como la alimentación, el transporte y el colegio de los chicos. Para ello, debemos construir una unidad opositora que conciba como una prioridad que cada argentino tenga una casa, entendiendo que el Estado debe ser el principal garante del derecho a la vivienda y de la calidad de vida de quienes representa.
