Desde que el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sacó a la luz una red de espionaje paraestatal que salpica a la clase política, miembros de la justicia y periodistas que han tenido relación con el falso abogado Marcelo D´alessio, funcionarios de peso del gobierno Nacional se encuentran en el ojo de la tormenta.
Tal es el caso del Ministro de Justicia Germán Garavano, quién según el testimonio del ex espía de la AFI, Rolando Barreiro, guionó una declaración del ex financista Leonardo Fariña en una causa por lavado de dinero para que éste incriminara a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A cambio de inventar sus dichos, Barreiro afirmó que Garavano le prometió a Fariña que intentaría desplazar al ex Juez Carlos Rozansky del tribunal que integraba en un juicio oral, al que debía someterse quien fuera el valijero de Lázaro Báez.
Lejos de salir a aclarar el tema, Garavano ha optado por esquivar el bulto expresando que “no es serio” creer lo que se enmarca en la Causa que tiene a su cargo Ramos Padilla, y hace poco más de un mes fue más allá y presentó, a través del representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, un escrito para se investigue un supuesto “mal desempeño” del Juez de Dolores por haber perdido la “imparcialidad”.
Consultado por MediaNews sobre el rol que viene asumiendo el gobierno nacional en su relación con el Poder Judicial, el ex integrante del Tribunal Federal 1 de La Plata, Carlos Rozansky, manifestó que “es evidente que el Poder Ejecutivo, desde el comienzo de su gestión, se asoció con miembros del Poder Judicial para llevar adelante un plan de persecución política a opositores”, y afirmó que cree que dichas maniobras tienen que ver con un “plan de gobierno”. “Esto es grave porque una cosa es en dictadura, y otra cosa es en democracia. Hoy están violando todos los días la constitución nacional”, enfatizó.
Otro ex juez, en este caso en lo Contensioso Administrativo de La Plata, que dialogó con MediaNews al respecto, es Luis Federico Arias, quien dijo, sin pelos en la lengua, que no le sorprende el accionar del ejecutivo porque “siempre ha metido la mano en el Poder Judicial. Y no solamente presionando jueces, sino también interfiriendo en causas judiciales como el caso Chocobar o la del carnicero que intentó linchar a una persona que le había robado”.
“Utilizan el poder para perseguir opositores, como Milagro Sala, perseguir Jueces, pero también van por dirigentes sociales y gremiales”, agregó en sintonía con Rozansky, y opinó que si Mauricio Macri gana las elecciones de octubre, “se va a venir un período muy oscuro en la Argentina porque todas sus intenciones persecutorias a opositores políticos se van a concretar, y van a terminar encarcelando a Cristina, a su hija (Florencia Kirchner, que se encuentra por cuestiones de salud en Cuba), y a todo opositor que represente un obstáculo para sus objetivos políticos”.
¿QUÉ TANTO INFLUYEN EN LA SOCIEDAD ESTOS CASOS?
Cuando se les preguntó acera de cómo creen que repercuten casos como el de D´alessio en la sociedad, Arias, quien actualmente es Precandidato a Intendente de La Plata, declaró que “no influyen y pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, salvo en casos de manipulación directa como en el de Nisman”. “Al desconocer las cuestiones técnicas, la mayoría entra en un estado de confusión y desconfianza, sumado a que los medios de prensa ocultan todo lo que está pasando en el Poder Judicial”, añadió.
Rozansky, por su parte, determinó que como “el ejecutivo ha desarrollado un sistema de comunicación que se basa en la repetición de una mentira que termina generando una verdad, lo cual se basa en los once principios de Goebbels” (Joseph Goebbels, quien fuera padre de la propaganda nazi) eso tiene incidencia “en una parte de la población que solo ve los medios de comunicación hegemónicos y quedan atrapados en la construcción de su subjetividad”. “Han inventado la Ruta del Dinero K, pero ellos saben que no existe, y esto es grave porque después se traduce en votos”, agregó.
CRISIS DE LEGITIMIDAD EN EL PODER JUDICIAL
Vale decir, que tanto Arias como Rozansky, opinaron que a partir de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que se destapó a partir de la investigación de Ramos Padilla, el Poder Judicial específicamente está viviendo una crisis de legitimidad.
“A lo largo de la historia siempre hubo momentos de mejor o peor imagen, lo cual se va modificando de acuerdo al clima y el momento político en general, la diferencia es que en este momento lo que esta sucediendo es un desprestigio pocas veces visto, y ese desprestigio tiene como consecuencia una crisis de legitimidad”, aseveró Rozansky. Mientras que Arias fue contundente: “Hoy la gente no cree que el poder judicial represente a la justicia. Lo mismo pasa con los medios y la política, nadie cree que actúen en nombre de la verdad y el bien común”, sentenció Arias, que sobre el final del diálogo con MediaNews dejó una definición en tono de campaña, teniendo en cuenta que hoy se encuentra abocado de lleno a su carrera política: “La gran tarea de este tiempo es reconstruir la credibilidad en todos los ámbitos e instituciones”.
LUIS ARIAS DENUNCIÓ A LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, MARÍA EUGENIA VIDAL
Entre los temas de los que “no hablan” los medios específicamente provinciales, Arias mencionó la denuncia penal que él mismo radicó en la Fiscalía de Cámara del departamento judicial La Plata contra Vidal y el Juez, Sergio Torres, porque según él, éste último “fue designado sin cumplir los requisitos institucionales, lo cual es un delito que está previsto en el código penal”. “En los medios provinciales tampoco hablan de los aportantes truchos”, agregó, lo cual “habla del silenciamiento y la tergiversación” que reina “en torno a los temas judiciales”.
Cabe destacar, que Arias denunció el hecho de que en el nombramiento de Torres, no se cumplió con el requisito establecido en el artículo 181 del Código Penal que establece que para poder ingresar al Poder Judicial Provincial deben poder justificarse dos años de residencia inmediata en alguna parte de la Provincia de Buenos Aires, lo cual en teoría no se cumple porque Torres habría consignado un falso domicilio.
