La Justicia Federal ratificó su jurisdicción sobre Malvinas

Lo hizo a partir de rechazar el planteo presentado por la defensa de uno de los ex oficiales argentinos acusado por torturas a sus propios soldados durante la guerra.

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El abogado de Ramón Eduardo Caro, uno de los imputados en la causa que investiga la aplicación de tormentos a conscriptos, había realizado una presentación donde exponía que la República Argentina no tenía jurisdicción sobre el territorio malvinense. Ayer, el Juez Federal Federico Calvete, desestimó dicho planteo.

El letrado defensor había solicitado la prescripción de la causa y afirmó que la Justicia argentina no posee jurisdicción en el asunto pues el país no tiene soberanía sobre las islas.  El texto presentado por el abogado de Caro asegura que “en el momento de los sucesos imputados” (1982) Argentina “no tenía jurisdicción sobre las Islas”. Sin embargo, el planteo fue desestimado por el juez federal de Ushuaia quien resolvió “declarar la jurisdicción y competencia en razón del territorio y de la materia de la Justicia Federal de la Provincia de Tierra del Fuego para intervenir en todos los hechos ocurridos en las Islas Malvinas, parte integrante de la República Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur o consecuencia de la inalienable e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas.   

A partir de la primer denuncia en 2007 por parte de un ex combatiente, la Justicia lleva adelante una investigación sobre la aplicación de tormentos físicos y psicológicos sobre los conscriptos que combatieron en las islas, por parte de sus superiores.

Doce años después, en la causa ya hay más de 120 denuncias, 95 oficiales y suboficiales acusados y 105 hechos investigados. Los delitos que se investigan son homicidio, abandono de persona seguida de muerte, tortura, vejámenes, coacción, amenazas, lesiones graves, lesiones leves y abuso de la autoridad.

En diciembre del año pasado, el juez Federico Calvete, citó a indagatoria a 18 oficiales, de los 95 que han sido denunciados, en base a “cuantiosos elementos” que “permiten sospechar la comisión de delitos”. Los oficiales y suboficiales llamados a declarar por el magistrado son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.