Defender la democracia: No hay justicia sin la condena del espionaje ilegal
La investigación judicial derivada de una denuncia de extorsión a un empresario descubrió una red paraestatal de espionaje ilegal que hizo temblar los cimientos de la justicia y el poder político. Pero, principalmente, develó algo que siempre estuvo ahí: desde el retorno de la democracia, ningún gobierno encuadró legal e institucionalmente el sistema de inteligencia. Sin instancias de control que funcionaran, el espionaje estuvo librado a la discrecionalidad de quien tiene el poder para disponer a su voluntad de agentes orgánicos e inorgánicos.
En contrapartida, y a la luz de los hechos, la sensación que queda es que para la sociedad toda permanece en total desamparo. Por complicidad, desidia, negligencia o para fines propios, los poderes democráticos permitieron el funcionamiento ilegal de los servicios de inteligencia. Estas operaciones estatales o paraestatales realizadas por fuera de los marcos institucionales, salteando la ley, debilitan profundamente los cimientos de la democracia. Cuando todos y todas estamos en peligro, lo que peligra es el orden institucional.
El espionaje ilegal amenaza la democracia y esta amenaza no puede pasarse por alto. La Argentina tiene, dolorosamente, una larga historia de quebramiento del orden institucional. El espionaje y la inteligencia ilegal fueron parte del proceso paulatino de debilitamiento de las instituciones democráticas que propiciaron el golpe de Estado de 1976 y fueron, desde el 24 de marzo, parte constitutiva del aparato represivo del terrorismo de Estado.
Todo esto fue documentado exhaustivamente por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a partir de su trabajo de investigación de los archivos de inteligencia de la ex Dirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que el organismo custodia desde hace 18 años.
Pero lejos de ser una cuestión del pasado, la inteligencia y el espionaje ilegal siguieron funcionando en democracia, horadando el sistema democrático y los poderes republicanos. Esta situación obliga a un debate serio y profundo sobre el rol de la inteligencia en la actualidad. Sin embargo, ese debate no puede realizarse sobre la base de la impunidad: aún hoy, a 36 años del retorno de la democracia, las acciones de inteligencia no fueron condenadas como parte indisociable del terrorismo de Estado.
Esa impunidad le permitió al ex espía de la DIPPBA Fabián Fernández Garello reciclarse como funcionario de la democracia. El actual fiscal general de Mar del Plata fue, durante la última dictadura militar, agente de la DIPPBA—San Martín y está denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria por delitos de lesa humanidad: una causa es por la desaparición de un ciudadano paraguayo, otra por el espionaje a exiliados chilenos y una tercera por su participación en la detención de tres militantes comunistas, en 1981, y apremios ilegales contra otro, en 1982. Por esta última causa está a un paso del procesamiento.
A pesar de su situación procesal y de la gran cantidad de pruebas que existen en el archivo de la ex DIPPBA, Fernández Garello pudo sortear un juicio político y seguir ejerciendo un cargo en la justicia.
Es inadmisible que Fernández Garello se haya mantenido todos estos años como un funcionario de la democracia; la justicia debe avanzar en el juzgamiento penal y el poder político debe dar una muestra de nobleza y apartar al fiscal de un poder de la democracia. La misma muestra de nobleza que se requiere para acompañar y apoyar la investigación sobre el espionaje ilegal en la actualidad que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla.
La inteligencia y el espionaje ilegal no admiten doble vara ni lecturas partidarias. La inteligencia y el espionaje ilegal atentan contra la democracia y nos pone a todos y todas en peligro. Sin condena para estas acciones no hay justicia posible.
