El empresario matarife Alberto Samid arribó anoche a la Argentina tras ser expulsado de Belice, y este miércoles estará sentado ante los jueces que ordenaron su detención internacional por incumplir en tres ocasiones su comparecencia a un viejo juicio por el que puede seguir en prisión, pero ya con una condena.
Luego de dos escalas y escoltado por dos efectivos de la Federal, el autodenominado “rey de la carne” aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza minutos antes de las 22.30. De allí, fue trasladado al departamento de Drogas Peligrosas, donde pasó la noche.
El empresario había salido del país por un paso ilegal hacia Paraguay el domingo 24 de marzo, por lo que sus «vacaciones» fueron de dos semanas. De Paraguay voló a Panamá y de allí a Belice, donde fue ubicado y detenido el viernes pasado.
Su declarada condición de «turista» contrastó con los argumentos esgrimidos por las autoridades argentinas y aceptados por Interpol al librar ésta la circular roja para detenerlo en cualquier rincón del mundo. No se había presentado tres veces seguidas a la convocatoria de un tribunal que en breve decidirá si es inocente o culpable de evasión impositiva y salió del país sin pasar los controles migratorios.
Samid terminó expulsado de Belice por las autoridades migratorias de ese pequeño país caribeño ubicado al sudeste de México. Anoche llegó al país acompañado por los dos oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) que en nombre de Interpol habían sido enviados a Belice para gestionar su regreso al país.
A través del Ministerio de Seguridad y el tribunal oral que interviene, el Gobierno le reclamará a Samid el pago de los costos del operativo de su traslado al país, cotizados en $ 366.567,80, según fuentes oficiales. Eso incluye los pasajes aéreos, los viáticos y la cobertura médica de los dos miembros de la Policía Federal enviados el sábado por la noche al Caribe y regresados ahora con Samid bajo su custodia.
El empresario corre serio riesgo de terminar preso, más aún luego de su fuga, si el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE1), integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini acepta los pedidos de la fiscalía y la querellante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de seis años y medio y siete de cárcel, respectivamente.
