Cerca del mediodía, en el anexo de la Cámara Baja se realizó una conferencia de prensa para exigir la inmediata liberación de los trabajadores, acusados de coacción agravada en concurso real con daño agravado en el marco de las protestas realizadas durante un conflicto sindical de 2016. Los detenidos son Emanuel Lázaro (26), Sebastián Mc. Dougall (37), Luciano Fiochi (36) y Pablo Varriano (39).
“Los chicos no son delincuentes, son trabajadores que defendían sus derechos” dijo entre lágrimas Karina Zelaya, esposa de Emanuel. También estaba presente el papá del joven, Gabriel Lázaro, quien contó que su hijo sólo “pedía no trabajar 16 horas en negro y tener un baño donde parar en su recorrido”.
La defensa de los detenidos presentó, el día viernes un habeas corpus para pedir el cambio de calificación en la causa. El abogado Rolando Sberna, contó en diálogo con Media News, que han solicitado que el delito sea tipificado como “amenazas simple”. En caso de que se haga lugar a dicho pedido, los imputados quedarían automáticamente excarcelados pues se trata de un delito con una pena de dos años de prisión.
“En paralelo se está tramitando en el Juzgado de Garantías 2, una excarcelación extraordinaria” aseguró el letrado. “Extrañamente esta causa comenzó con una calificación de daño y llama mucho la atención que cinco meses después de que en septiembre del año pasado se releve la última prueba, se cambie la carátula a coacción agravada”, cuestionó Sberna.
Acompañaron el reclamo de los familiares, varios representantes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales como el ex juez y ahora candidato, Luis Arias; el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel; el diputado provincial Miguel Funes; la diputada Florencia Saintout; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el concejal Miguel Forte; la concejala Victoria Tolosa Paz; el ex legislador del PTS, Christian Castillo; entre otros.
Uno de los puntos principales de la conferencia, en el que todos coincidieron, fue la crítica al poder judicial y la denuncia de una intencionalidad política detrás del pedido de detención. Incluso Miguel Funes habló del “partido judicial” y dijo que “iba a tener que dar explicaciones”.
