En 2007, el secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vasell, presentó ante la Justicia 23 denuncias de ex soldados de aquella provincia que aseguran haber sufrido castigos físicos y psicológicos durante la Guerra de Malvinas. Muchos ex combatientes no sólo se enfrentaron al ataque inglés, sino que padecieron la crueldad de sus superiores.
Casi simultáneamente, Rubén Darío Gleriano, oriundo de Mar del Plata, estaba en las Olimpíadas que hacen los ex combatientes cuando se encontró cara a cara con su torturador, Pedro Valentín Pierre. Después de eso, y de muchos años de silencio, Rubén también decidió hacer la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos en Buenos Aires. De allí, el expediente se envía a Comodoro Py, donde se decide que el tratamiento del caso se lleve adelante en Río Grande, Tierra del Fuego.
Doce años han pasado de aquel entonces y en la causa ya hay más de 120 denuncias, 95 oficiales y suboficiales acusados y 105 hechos investigados. Según el relato de varios ex combatientes, las torturas generalmente eran una forma de “sanción”.
El principal horror era el hambre, la escasez de alimento a la que se sometía a los conscriptos. Cuando alguno de ellos, revolvía la basura en busca de comida, agarraba un paquete de galletitas que no le pertenecía o mataba alguna oveja de la isla, su superior lo “castigaba” con diferentes tormentos. También muchas de las denuncias están relacionadas con un claro antisemitismo, varios de los soldados de origen judío relataron cómo sufrían insultos, golpes y vejámenes por su religión.
Uno de los tormentos más utilizados acorde a las denuncias era el “estaqueo”, éste consistía en atar a la persona semidesnuda al suelo húmedo con estacas, como si estuvieran crucificados en el piso, por lapsos de hasta un día. Esto incluso se hacía en terreno donde caía bombardeo enemigo.
También obligaban a los conscriptos a meter el rostro, pies y manos en agua congelada. Es por ello que muchos han sufrido gangrena o incluso artrosis. Otra tortura descrita por los denunciantes fue que los obligaban a cavar un pozo y enterrarse a sí mismos hasta el cuello en él. Un ex combatiente narró, que entre todos los horrores por lo que lo hicieron pasar, uno de los que más lo atormenta hasta el día de hoy fue tener que alimentarse con comida mezclada con excremento humano apuntando con un arma por parte de su superior.
Todos estas atrocidades son parte de las más de 120 denuncias realizadas por ex combatientes conscriptos y sus relatos forman parte de la causa n° 1777/07 caratulada «Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública». Los delitos que se investigan son homicidio, abandono de persona seguida de muerte, tortura, vejámenes, coacción, amenazas, lesiones graves, lesiones leves y abuso de la autoridad.
En diciembre del año pasado, el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, citó a indagatoria a 18 oficiales, de los 95 que han sido denunciados, en base a “cuantiosos elementos” que “permiten sospechar la comisión de delitos”.
Los oficiales y suboficiales llamados a declarar por el magisterio son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.
El abogado defensor de uno de ellos, Ramón Eduardo Caro, presentó un escrito donde no sólo pide que se declare la prescripción de la causa, si no que planteó que la Justicia argentina no tenía jurisdicción en el asunto pues el país no tiene soberanía sobre las islas. Este argumento ha generado un amplio rechazo y particularmente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) en La Plata, que se ha presentado como querellante en la causa.
El fundamento presentado por la defensa del acusado fue que “en el momento de los sucesos imputados” (1982) Argentina “no tenía jurisdicción sobre las Islas”. Frente a este solicitud, el fiscal de la causa, el Dr. Marcelo Alejandro Rapoport y los abogados del CECIM La Plata rechazaron los argumentos esgrimidos por la defensa y en sus presentaciones citaron la Constitución Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino…”.
