El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de tres años y conformó una “comisión” especial para elaborar políticas que puedan resolver el “déficit habitacional” en las prisiones federales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” e implementar “medidas alternativas” al encarcelamiento.
Según la resolución, la medida se basa en que la población del Servicio Penitenciario Federal (SPF) “ha experimentado un incremento significativo en los últimos años” a raíz de la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a 13.773. A su vez, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12 por ciento, detalló la resolución.
Entre los argumentos, el documento señala que «en razón de las políticas exitosas de seguridad pública» de «persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional» el «porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso».
