Los datos son verdaderamente escalofriantes: a fines de 2017 por primera vez luego de 35 años de democracia, la estadística del país señaló que moría una persona por día a causa del accionar de agentes de las fuerzas de seguridad, ya sean locales, provinciales o nacionales. En aquel año, se daba un asesinato con estas características cada 23 horas, en 2018, cada 21.
Durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los promedios de CORREPI hablaban de un muerto cada 28 horas como un pico en la frecuencia de estos crímenes desde 1983. Sin embargo, a partir de diciembre de 2015, se aceleró el ritmo de crecimiento en las estadísticas.
En diciembre de 2015, fueron 50 las personas asesinadas por alguna fuerza de seguridad; en todo 2016, 442; en 2017, 455; en 2018, 333 -aunque aún faltan registrar los fallecidos en lugares de detención-; y hasta febrero de 2019, ya son 28.
Cada una de esas 6.564 personas asesinadas desde 1983 hasta el mes pasado, son una historia diferente; cada una de ellas tenía un nombre, afectos y proyectos propios. Sin embargo, hay algunos elementos en sus casos que se repiten y que se asemejan. Por ejemplo, en cuanto a las modalidades en las que fueron asesinados: el 47 por ciento de ellas (3074) falleció bajo custodia en cárceles o comisarías y el 38 por ciento (2517) murió a causa de lo que se conoce como “gatillo fácil”.
Esta cifra es la que hace a muchos organismos de Derechos Humanos, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), hacer informes sobre la situación de las Unidades Penitenciarias y las condiciones de insalubridad, malos tratos y torturas que se suceden en aquellos espacios.
En 2018, el informe anual de la CPM aseguró que en la Provincia de Buenos Aires son 43 mil los presos que viven hacinados y que se radicaron más de 16 mil denuncias por tortura en contextos de encierro.
Es que además, si se analizan los números según el territorio donde sucedió cada caso, se puede ver que Buenos Aires encabeza la lista con un total de 3380 personas muertas por el accionar de las fuerzas de seguridad, es decir un 51,49 por ciento de la cifra de 6.564. La segunda provincia es Santa Fé, donde ocurrieron 637 casos; lo que representa tan sólo un 9,7 por ciento del total. De esta manera, puede verse que la diferencia es muy grande aunque también es cierto que debe tenerse en cuenta la relación con la cantidad de habitantes por provincia.
Otro de los datos alarmantes arrojados por el informe de CORREPI es que, en la mayoría de estos casos, las personas fallecidas eran jóvenes que no superaban los 30 años. Incluso, el 42 por ciento de las víctimas (2762) tenía entre 15 y 25 años. Lo que habla de una franja etaria más vulnerable y en conflicto con las fuerzas de seguridad, en muchos casos relacionado con situaciones de marginalidad y pobreza.
