El Gobierno quiere sumar a Provincia y CABA a la intervención de Edesur

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Horas después de haber decidido intervenir la gerencia de la empresa Edesur por 180 días, con el kirchnerista Jorge Ferraresi, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a las administraciones de la Provincia de Buenos Aires y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse al control gerencial transitorio de la prestataria de electricidad.

La invitación a integrar este cuerpo fue incluida en la resolución 307/2023 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicada hoy en el Boletín Oficial que oficializó la intervención.

El objetivo de la intervención es fiscalizar las inversiones en infraestructura que debe realizar la compañía para mantener el servicio y fue anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien aclaró que lo resuelto no afecta la tenencia accionaria de la empresa, sino que inspeccionará el cumplimiento del contrato de concesión.

EDESUR es propiedad de la empresa italiana ENEL, que mantiene su intención de vender su participación accionaria en la compañía.

En la resolución publicada este martes el ENRE indicó que “con motivo de los sucesos ocurridos el 10 de febrero quedaron 180 mil personas usuarias fuera del servicio” y que en “los días posteriores hubo eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del servicio”.

Además el ENRE indicó que “ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes” y que con ello “ha quedado en evidencia que tanto los procesos operativos de gestión de reclamos primarios como el manejo y la transparencia en la información brindada tanto al Ente como a las personas usuarias afectadas se aparta de las buenas prácticas”.

El ENRE sostuvo que “la distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”.

“Frente a la gravedad que exhibe la situación, y de forma complementaria a la realización de la Auditoría Técnica Integral y a la tramitación de los procedimientos sancionatorios correspondientes, resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativa”, concluyó el organismo.

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