La Cámara Federal solicitó elevar a juicio oral a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, señalados como coautores materiales de la tentativa de homicidio agravado de la vicepresidenta, y también contra Nicolás Carrizo, el proveedor de copitos de azúcar y garrafas, procesado como partícipe secundario del plan.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, pidió “instar a la jueza -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.
Por su parte, sel otro juez del tribunal,Mariano Llorens afirmó: “Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella como el plan político empresarial detrás de los vendedores de copos planteado por la ex presidenta- luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”.
Cabe recordar que el atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaban, como desde el día en que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa vialidad, un nutrido grupo de militantes para saludarla. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre .32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.
Su novia, Brenda Uliarte, también estaba allí, pero logró irse del lugar sin que la militancia advirtiera que era parte del plan para matar o amedrentar a la vicepresidenta. Llamó a varios conocidos, se fue a dormir a la casa de un ex novio, luego se encontró con los “copitos” y concedió una entrevista de televisión junto a Carrizo para decir que ella no tenía nada que ver. El domingo 4 de septiembre, cuatro días después del atentado, fue detenida en la estación ferroviaria de Palermo. Un secretario judicial de la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó parar el tren para poder arrestarla cuando ya estaban sobre ella y la mujer quería escapar. Poco después fue detenido Nicolás Carrizo, el proveedor de copos de azúcar y garrafas que es considerado partícipe secundario del hecho.
